Resumen:
Las personas con discapacidad están experimentando exclusión, discriminación y negligencia durante la respuesta de los gobiernos para contrarrestar la pandemia, sus impactos y efectos. Y por tanto, no queremos que ese sea el caso en la difusión de las vacunas para el Covid1-19.
En la institución nos hemos sumado al llamado colectivo de la red de instituciones internacionales que representan a la población con discapacidad, para que los encargados de formular políticas públicas y desarrollar la planificación de la atención en salud en todas las regiones y países, puedan y deban incluir a las personas con discapacidades y las redes de apoyo de su elección como grupos prioritarios para recibir la vacunación. Asegurando que todas las personas con discapacidad puedan acceder a las vacunas a partir de información accesible, disponible y comprensible donde medie su consentimiento informado.
Igualmente, hacemos un llamando a las Naciones Unidas, en particular a las Organización Mundial de la Salud para que cuanto antes emitan recomendaciones claras y firmes a este respecto donde se puedan tomar las medidas necesarias para vincular a los Estados y sus correspondientes gobiernos, donde estos cumplan con sus obligaciones hacia las personas con discapacidad y aseguren sus acceso prioritario a la información, procesos, logística y vacunación contra el Covid-19.
Razón Fundamental:
Según la Organización Mundial de la Salud, las personas con discapacidad se clasifican como poblaciones vulnerables durante situaciones de emergencia de salud pública. Las barreras institucionales, ambientales y actitudinales existentes exacerban su situación, y las nuevas barreras nacen en tiempos de emergencias pública, restringiendo e incidiendo con mayor fuerza en el ejercicio de los derechos básicos de las personas con discapacidad, tales como el derecho a la vida, el derecho al acceso a la atención médica y el derecho a llevar una vida independiente. Situaciones que han sido ampliamente documentadas durante el periodo de pandemia por Covid-19 que estamos enfrentando.
Las personas con discapacidad enfrentan un mayor riesgo de contraer COVID-19.
Las personas con discapacidad enfrentan un mayor riesgo de contraer COVID-19 debido a las condiciones de salud existentes y las inequidades en los determinantes sociales y subyacentes de la salud y el contacto con los proveedores de servicios de apoyo.
Muchas personas con discapacidad no pueden mantener el distanciamiento físico puesto que requieren asistencia o guía personal para realizar sus actividades diarias y/o dependen del contacto físico para explorar y navegar por su entorno. En muchos casos, esta asistencia no proviene siempre de la misma persona.
Otros están expuestos porque no tienen acceso a información oportuna y comprensible sobre cómo protegerse contra el COVID-19 en formatos accesibles. Para algunas personas con discapacidad intelectual o psicosocial o con autismo, no es factible mantener el distanciamiento físico o el uso prolongado de máscaras o cubrimientos faciales y otros requisitos higiénicos. Particularmente este es el caso de las personas con discapacidad que viven en entornos colectivos donde las tasas de infección son muy altas; tal como sucede en los campos de refugiados, los sitios donde sus familias los han recluido, los centros psiquiátricos o de salud, y demás entornos de segregación que son contrarios al artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Cuando se infectan con el virus, las personas con discapacidades tienen mayores probabilidades de morir al desarrollar síntomas más graves.
En caso de contraer COVID-19, aquellos grupos de personas con discapacidad con condiciones preexistentes de salud tales como problemas respiratorios, tienen mayor riesgo de desarrollar condiciones críticas o perder la vida. Otros pueden no tener acceso a una atención médica oportuna y equitativa debido a la falta de información adecuada sobre los síntomas y los primeros pasos que se deben seguir en caso de exposición a infecciones, además enfrentan sistemas de salud inaccesibles, opciones de transporte limitadas y sin las adecuaciones para que puedan movilizarse, no cuentan con los recursos financieros necesarios y subsisten diariamente ante la falta de asistencia o apoyo de personal adecuado. Al llegar a una etapa crítica, es muy probable que las personas con discapacidad no tengan prioridad debido a los protocolos formales de clasificación de los pacientes (Triage), los cuales en muchos lugares del mundo por razones políticas o prejuicios de los profesionales involucrados en el proceso médico, optan por discriminar y subvalorar la vida de las personas con discapacidad.
Mantener el distanciamiento físico impide de manera desproporcionada a las personas con discapacidad el acceso a los medios de subsistencia, lograr o mantener una vida independiente y continuar o alcanzar con la atención médica y los procesos rehabilitación.
Debido a las restricciones provocadas por el COVID-19, muchas personas con discapacidad que trabajaban en sectores informales no pueden adoptar las nuevas condiciones laborales como el trabajo a distancia. Ni conservar el distanciamiento físico en su lugar de trabajo, por tanto pierden su sustento y enfrentan desafíos económicos desproporcionados. Esto afectó particularmente a las mujeres con discapacidad que están más representadas en esas áreas. Otras personas con discapacidad que requieren asistencia personal experimentan serias dificultades para realizar sus actividades diarias. Debido a la falta de apoyo gubernamental, tienen que depender de familiares que pueden llegar a socavar su dignidad e independencia. Algunos grupos como las personas con sordoceguera, simplemente están aislados del mundo en gran medida porque su interpretación física de señas no es posible debido al distanciamiento físico. Las personas con discapacidad intelectual, con discapacidad psicosocial o con autismo pueden experimentar desafíos de salud mental aún más profundos, doble aislamiento y episodios de ansiedad debido a una combinación de todos los diferentes impactos de la pandemia.
Si no se les asigna una prioridad específica, en la práctica, las personas con discapacidad estarán entre los últimos grupos en acceder a la vacunación.
Debido a las barreras ambientales y actitudinales, las personas con discapacidad se encuentran a menudo entre los últimos grupos en acceder a servicios públicos muy demandados, en particular en situaciones de riesgo y emergencia. Ya que la demanda de vacunas excedería la oferta en los primeros años, sin una priorización establecida las personas con discapacidad quedarán desproporcionalmente excluidas. La información inaccesible sobre los sistemas o procesos de registro, los centros médicos que persisten sin modificaciones arquitectónicas que dificultan su ingreso y estancia, y las actitudes estigmatizantes entre los miembros de la familia, los profesionales de la salud y otras personas que subestiman la vida y restan valor a las personas con discapacidad y sus derechos, son solo algunas de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad para que puedan tener acceso a las vacunas en igualdad de condiciones con los demás.
Dar prioridad a las redes de apoyo de elección para que las personas con discapacidad tengan acceso a la vacuna. Sin priorizar estas redes, las personas con discapacidad permanecerán excluidas.
Las redes de apoyo incluyen a los asistentes personales, cuidadores familiares, intérpretes y guías que las personas con discapacidad han escogido o se les ha asignado. El apoyo adecuado y constante de esta red es fundamental para la vida, la salud y la dignidad de muchas personas con discapacidad. Por lo tanto, es necesario priorizar las redes de apoyo de personas con discapacidad para acceder a las vacunas.
Asegurarse de que la vacunación se realice solo después de recibir el consentimiento informado de las personas con discapacidad.
La vacunación solo debe realizarse después de recibir el consentimiento completo e informado de la persona. Las personas con discapacidad podrían tener desconfianza en el sistema de salud debido a experiencias negativas previas tales como discriminación o tratamientos forzados. Las personas con discapacidad no deben recibir un trato diferente al resto de la población en caso de que lleguen a rechazar la vacunación.
Conclusiones y Recomendaciones:
Está claro que se está desarrollando un despliegue de vacunación mundial para garantizar que la vacuna contra el COVID-19 se distribuya de manera equitativa. Ninguna persona y ningún país deben quedarse atrás. Al principio, se desarrollarán estrategias específicas para garantizar la vacunación de los grupos objetivos o prioritarios, por ejemplo; los trabajadores de la salud y las personas mayores. Este artículo sostiene que las personas con discapacidad, debido a su mayor exposición al COVID-19 y todas sus consecuencias, deben ser priorizadas en las estrategias de vacunación. De lo contrario, se quedarán más rezagadas, experimentando una pérdida desproporcionada de vidas y medios de subsistencia, frente a servicios de atención médica inaccesibles, con vidas indignas y una desconexión agravada de la sociedad. En nombre de las personas con discapacidad y sus organizaciones, así como de las redes de apoyo en todo el mundo, hacemos un llamado a todos los gobiernos, agencias de las Naciones Unidas y al sector privado para que tomen inmediatamente todos medidas para garantizar que:
1. Las vacunas COVID-19 estén disponibles dentro de programas dirigidos, gratuitos o de bajo costo para todas las personas, incluidas las personas con discapacidades y las redes de apoyo de su elección.
2. Las personas con discapacidad y las redes de apoyo de su elección tengan acceso prioritario a las vacunas, incluyendo asistentes personales, cuidadores familiares y personas que trabajan en servicios relacionados con la discapacidad.
3. Los lugares donde se administren las vacunas sean físicamente accesibles y se brinde orientación y asistencia en vivo a quienes lo necesiten. Cuando sea necesario, se deberá proporcionar de forma gratuita o con algún tipo de subsidio el transporte público accesible para que la personas con discapacidad reciban su vacuna.
4. Se lleven a cabo actividades de divulgación específicas para garantizar que las personas con discapacidad conozcan la disponibilidad de vacunas y que todas las campañas de información sean inclusivas y accesibles explicadas apropiadamente para su edad y con enfoque de género.
5. Todos los sistemas de información relacionados con las vacunas deben recopilar datos desglosados por edad, género y discapacidad, y que todos los servicios basados en la web también deben ser totalmente accesibles, garantizando al mismo tiempo el respeto por la vida privada y la confidencialidad de la información relacionada con la salud.
6. El recibir la vacuna COVID-19 debe basarse en el consentimiento libre e informado de las personas con discapacidad. La autonomía y la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, incluidas las personas con discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial y/o con autismo, no deben verse socavadas con justificaciones como el bien público o el interés superior de la persona.
7. Las organizaciones internacionales y el gobierno deben garantizar que las personas con discapacidad y sus organizaciones representativas participen de manera significativa en la formulación de políticas y la planificación de la distribución de vacunas COVID-19 y todos los procesos relacionados.
8. Las organizaciones de personas con discapacidad deben contar con los recursos necesarios para convertirse en socios en la implementación de campañas de información, por ejemplo, llegando a las personas más marginadas y asegurándose de que sus mensajes sean claros, inclusivos y accesibles.
Declaración IDA adaptada e interpretada al español por DJRA ~ Asopormen.